Una empresa minera canadiense perdió el viernes el procedimiento de arbitraje contra Rumanía, que había bloqueado su proyecto de explotación de una mina de oro en un lugar declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, anunció Bucarest. La empresa Gabriel Resources exigía al gobierno rumano una indemnización de hasta 6.700 millones de dólares (6.100 millones de euros) por la suspensión de su proyecto de desarrollo cerca del pueblo de Rosia Montana, en los Cárpatos.
En esta localidad se encuentran las antiguas minas de oro romanas, que albergan galerías mineras que datan de hace 2.000 años y que la UNESCO ha incluido en la lista del patrimonio mundial en 2021. El Centro Internacional de Arreglo de Controversias Relativas a Inversiones (CIADI) - un grupo de arbitraje del Banco Mundial - rechazó las reclamaciones de indemnización de Gabriel Resources, en una decisión hecha pública el viernes por la tarde por el gobierno rumano.
El primer ministro Marcel Ciolacu acogió con satisfacción la noticia, aunque criticó la actuación de los gobiernos anteriores. "Los rumanos no deben sufrir las decisiones de ciertos primeros ministros que antepusieron sus intereses personales a los intereses nacionales", escribió en Facebook. En un comunicado, Gabriel Recursos criticó una decisión “profundamente errónea”, “inconsistente con la evaluación objetiva de los elementos del expediente”, y se reserva la posibilidad de “impugnarla mediante el procedimiento de anulación previsto por el Convenio del CIADI”.
"Los accionistas invirtieron cientos de millones de dólares para realizar un proyecto minero que habría aportado importantes beneficios sociales y financieros" a Rumanía, lamentó el director general Dragos Tanase. La empresa canadiense había obtenido una licencia para explotar minas de oro en la región en 1999, pero su proyecto fue suspendido en 2013, tras grandes manifestaciones para protestar, en particular, contra el uso de cianuro para extraer oro.
Gabriel Resources pretendía extraer 300 toneladas de oro y 1.600 toneladas de plata rompiendo cuatro macizos, incluidos la mayoría de los restos romanos. En 2016, Rumanía declaró el complejo de Rosia Montana lugar de interés histórico, beneficiándose así de protección contra la actividad minera. En la denuncia presentada ante el Ciadi, Gabriel Resources acusa al gobierno rumano de "no haber actuado en el marco de un procedimiento administrativo cuando tenía la obligación de hacerlo" y de no haberle ofrecido una compensación por detener el proyecto.
La empresa también lamentó que Rumanía no hubiera ofrecido ninguna compensación tras la interrupción del proyecto. Los residentes de Rosia Montana estaban divididos sobre el proyecto de minería de oro: algunos aplaudían las posibles oportunidades económicas y otros estaban preocupados por su impacto en el medio ambiente.
