Un juez federal mexicano ordenó el lunes prisión preventiva a ocho militares sospechosos de estar involucrados en la desaparición de 43 estudiantes en 2014, anunció el gobierno. Los ocho militares fueron imputados y puestos en prisión preventiva “por el delito de desaparición forzada”, dijo en redes sociales el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas.
El arresto de los ocho militares se produce una semana después de que la oficina del fiscal general de México reactivara 16 órdenes de arresto contra miembros del ejército, que habían sido emitidas en septiembre de 2022 y luego canceladas.
También ocurre casi un mes antes de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), organismo creado en 2015 por un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presente las conclusiones de su investigación en la finales de julio, indicó Carlos Beristain, miembro del GIEI.
A finales de marzo, los peritos del GIEI ya habían denunciado una obstrucción por parte del ejército mexicano que, según ellos, oculta deliberadamente información sobre la desaparición de los 43 estudiantes. “Es inaceptable para nosotros”, comentó el Sr. Beristain, quien afirma tener pruebas.
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En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de una escuela normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero (sur), desaparecieron en Iguala. Allí habían tratado de "requisar" autobuses para manifestarse en la Ciudad de México.
Según la versión oficial de la época, fueron detenidos por policías en connivencia con narcotraficantes del cartel Guerreros Unidos, quienes los tomaron por miembros de una banda rival y los ejecutaron. Hasta el momento, solo se han identificado los restos de tres víctimas.
Pero el GIEI, al igual que los familiares de las víctimas, rechazó las conclusiones de esta primera investigación, encabezada en su momento por el exfiscal general Jesús Murillo Karam, quien no atribuye responsabilidad alguna a los militares. Desde entonces ha sido arrestado en agosto de 2022 por “desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia”.
