Los delitos medioambientales son un flagelo para Europa. En un informe de 2021 dedicado al tema, la Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust) dio la alarma. Este delito es, precisa este estudio, el cuarto en el mundo, con una ganancia anual estimada en 258 mil millones de dólares. De hecho, el crimen organizado ha invertido en este campo debido a los “elevados beneficios” que proporciona y los bajos “riesgos de detección”. Este delito se refiere, entre otros, al tráfico de residuos, al tráfico de animales silvestres -particularmente lucrativos-, al comercio ilegal de madera, de sustancias peligrosas, a las importaciones, a la comercialización o al uso de sustancias que agotan la capa de ozono, etc.
El martes, los eurodiputados endurecieron las normas y sanciones en una votación final en Estrasburgo. El texto, que revisa el marco actual, fue adoptado por 499 votos a favor y 100 votos en contra. La lista de delitos se amplía a la importación y utilización de mercurio y gases fluorados de efecto invernadero o incluso a la importación de especies invasoras que puedan tener consecuencias nocivas para la biodiversidad. Ecocidios: contaminación generalizada, incendios forestales, etc. - también entran dentro del alcance de este delito.
En términos de sanciones, las multas y las penas de prisión (hasta diez años si el delito medioambiental causa la muerte) aumentan y ahora se armonizan en toda la UE. Las empresas que infrinjan también están en el punto de mira, con multas que representan “el 3% o el 5% de su facturación global anual o 24 o 40 millones de euros”, según la naturaleza de la infracción.
Se les exigirá que restablezcan el medio ambiente degradado y compensen los daños causados. “Cualquiera que ocupe un puesto directivo en una empresa contaminante puede ser considerado responsable, al igual que la propia empresa, lo que constituye un gran paso adelante. Con la introducción del deber de diligencia, ya no hay forma de esconderse detrás de permisos o aprovechar lagunas legislativas”, afirmó el eurodiputado holandés Antonius Manders, ponente del texto. Tras la validación por el Consejo y su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, los Estados miembros tendrán dos años para transponer la directiva a su legislación nacional.
