La decisión no tiene precedentes. Si bien la ley Egalim está en el centro de la crisis agrícola, los tribunales condenaron este jueves a los comerciantes a pagar 350.000 euros a un viticultor de Burdeos que los acusó de haber violado la ley Egalim sobre los precios agrícolas al comprar su vino a granel en un " tasa excesivamente baja”.
"Es la primera vez que un tribunal condena a compradores de productos agrícolas por cobrar precios de compra abusivamente bajos", afirma el abogado del demandante, el señor Louis Lacamp. Rémi Lacombe, operador del Médoc, había vendido cerca de 8.500 hectolitros a las empresas Cordier y Maison Ginestet en 2021 y 2022, a precios de 1.150 o 1.200 euros por barril (900 litros), según la añada. O sea, alrededor de un euro por botella, precio que el productor considera muy inferior a su precio de coste, oscilando según él entre 1.500 y 2.000 euros por barril.
El Tribunal de Comercio de Burdeos, donde se conoció el caso el 11 de enero, concluyó en su decisión que los dos comerciantes no habían dejado a Rémi Lacombe hacer propuestas de precios sobre los contratos, "lo que debería constituir la base de la negociación precontractual".
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El viticultor reclamó a los demandados entre 715.000 y 512.000 euros para “reparar el daño causado”, sobre la base del artículo L442-7 del Código de Comercio modificado por la Ley Egalim. Adoptado a finales de 2018, debe proporcionar a los agricultores unos ingresos que les permitan vivir de su trabajo. El miércoles, el primer ministro Gabriel Attal anunció su deseo de presentar antes del verano una nueva ley para “fortalecer el sistema Egalim”.
Tras diversos cálculos y estimando que el precio justo de compra por barril era de 1.550 euros, el tribunal condenó a la empresa Cordier a pagarle 202.000 euros y a Maison Ginestet 152.000 euros. “Esta decisión es importante porque les dice a los agricultores que, actuando contra los compradores que cobran precios abusivamente bajos, sí se puede conseguir un resultado”, afirma el abogado del viticultor. Lo considera una “decisión que se puede trasladar a todos los productos agrícolas”, aunque reconoce que dar ese paso “no es fácil porque los agricultores temen posibles represalias de los comerciantes, temen que nadie les compre su producción. . Los abogados de los comerciantes no dieron respuestas de inmediato.
