Las ayudas a la creación deberían destinarse, al menos en el imaginario colectivo, a los jóvenes artistas en ciernes. Sorpresa, según un informe de junio de 2023 del Tribunal de Cuentas, la mayor parte de las subvenciones -que representa cientos de miles de euros- beneficia a artistas consagrados. En 2021, por ejemplo, Florent Pagny, más de 35 años de carrera, fue premiado con 271.000 euros. Bernard Lavilliers, casi 60 años de carrera, y 120.000 euros de ayuda a la creación. O Benjamin Biolay y Juliette Armanet, de notoriedad bien asentada, que recibieron respectivamente 119.000 y 154.000 euros. No sin cierta ironía, el Tribunal de Cuentas también se sorprende al encontrar entre los últimos beneficiarios a un tal Johnny Hallyday, cuyas cuentas fueron regadas entre 2019 y 2022 en 333.890 euros. El artista, recordamos, falleció en 2017.
No hay nada ilegal en estas asignaciones de fondos, recuerda Le Canard enchaîné. Pero, para el Tribunal de Cuentas, estas ayudas se desvían de su intención original. “El gasto dedicado a la creación artística está destinado a promover la diversidad musical, los nuevos talentos y los proyectos innovadores”, recuerdan los expertos. Pero ese no es realmente el caso. Un puñado de grandes productores y artistas establecidos obtienen "una parte sustancial de la ayuda", mientras que el resto se reparte entre una gran cantidad de artistas jóvenes y sellos discográficos más pequeños. El Tribunal de Cuentas "se pregunta por la utilidad de importantes ayudas concedidas a proyectos realizados por artistas consagrados y cuyo equilibrio económico no parece requerir un apoyo especial".
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La pregunta es aún más relevante cuando el pastel es grande, muy grande. “Con cada compra de un teléfono inteligente, el consumidor recibe un impuesto de 14 euros por el derecho a copiar música”, recuerda Le Canard enchaîné. Todos los productos susceptibles de contener música quedan así afectados: en cuanto a los CD y DVD para grabar al inicio, la tarifa se ha ampliado a discos duros externos, llaves USB y tarjetas de memoria, reproductores de MP3, cajas de internet, televisores con memoria, tabletas y smartphones, constituyendo la venta de estos últimos la mayor parte de las sumas recaudadas. En 2021, se agregaron teléfonos y tabletas reacondicionados a la lista de productos afectados. En 2022, el canon por copia privada ascendió a más de 300 millones de euros, incluidos casi 170 por “derechos de sonido”, por tanto de la industria musical
Esta regalía, abonada automáticamente a las sociedades de derechos de autor, se reparte entre los titulares de los derechos -artistas, productores, discográficas...- que reciben las tres cuartas partes, “la cuarta parte restante se destina normalmente a subvencionar “acciones culturales”, recuerda el Tribunal de Cuentas. En primera línea, la Sociedad Civil de Productores Fonográficos (SCPP) que representa a grandes editoriales como Sony Music, Universal o Warner, por un lado. Y la Sociedad Civil de Productores de Fonogramas de Francia (SPPF), para sellos independientes, por otro lado.
Ambos defienden su sistema de asignación de ayudas creativas sobre el que tienen ventaja. La SCPP afirma que la creación, incluso realizada por artistas confirmados, presenta un riesgo. Sobre todo porque sus proyectos cuestan más. El SPPF, por su parte, produce cifras que pretenden ser esclarecedoras. Según ella, el 90% de las ayudas “se destinó a proyectos de “nuevos talentos””. Añade que tiene que correr el riesgo de que la abandonen artistas que generan muchos derechos si "sintieron que no recibieron suficientes ayudas".
Sin poder obligarles a ello, el Tribunal de Cuentas recomienda a la SCPP y al SPPF revisar la distribución de estas subvenciones para volver a su objetivo inicial. Para ello, sería necesario "reducir la parte del presupuesto de acción artística y cultural dedicada a proyectos liderados por artistas consagrados". Y favorecer a más jóvenes que aún no han surgido. El debate está abierto.
