Thibault van den Bossche, experto del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia (ECLJ), habla regularmente en apoyo de los cristianos perseguidos en las instituciones europeas y en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En Argelia, sólo 4 de las 46 iglesias de la Iglesia Protestante de Argelia (EPA) siguen abiertas. Las autoridades argelinas ya no se esconden de privar arbitrariamente a los cristianos argelinos del libre ejercicio de su fe, sin reconocer sus lugares de culto ni su autorización para formar una asociación religiosa. Toda reunión de adoración, toda asamblea cristiana cerca de una iglesia cerrada, queda entonces prohibida. El pastor Youssef Ourahmane, vicepresidente de la Iglesia Protestante de Argelia, pagó el precio. Condenado en septiembre y luego en noviembre de 2023 por haber “celebrado un culto no autorizado” en un “edificio no permitido para tal fin”, el pastor Youssef Ourahmane corre el riesgo de ser condenado a un año de prisión. En marzo de 2023, supervisó un retiro con algunas familias cristianas en un complejo parroquial que albergaba una capilla cerrada a la fuerza por las autoridades. Ahora está a la espera del veredicto del Tribunal de Apelación de Tizi Ouzou del 23 de abril.
Hoy en día, los cristianos argelinos se encuentran en un limbo legal mantenido deliberadamente por las autoridades. Por un lado, el artículo 51 de la nueva Constitución argelina de 2020 establece que “la libertad de opinión es inviolable” y que “la libertad de ejercer la religión está garantizada y se ejerce respetando la ley”. Sin embargo, estas libertades no llegan a incluir la libertad de conciencia, constitucionalizada en 1989 pero retirada en 2020. Esta disminución de las libertades socava el derecho de los musulmanes a creer o no creer y a cambiar de religión.
Por otra parte, por orden del 28 de febrero de 2006, Argelia reconoce, sin nombrarlo, el culto cristiano. En efecto, la ordenanza regula el ejercicio de las “religiones distintas de la musulmana” (artículo 1) y “garantiza el libre ejercicio de la religión” en el marco del respeto del “orden público” y de las “buenas costumbres”, recordando al mismo tiempo la primacía del Islam. , la religión del Estado (artículo 2). En realidad, esta orden pretende esencialmente restringir las conversiones al cristianismo, cuyo número ha ido aumentando desde principios de la década de 2000.
De hecho, la Ordenanza de 2006 proporciona un marco legislativo muy restrictivo para el ejercicio del culto cristiano, en particular en lo que respecta al reconocimiento oficial de los lugares de culto (artículos 5 y 7). Para la aprobación de las asociaciones religiosas cristianas, también es necesario someterse a una ley adicional, la del 12 de enero de 2012 sobre asociaciones. Todas las asociaciones cristianas ya existentes se vieron obligadas a registrarse nuevamente para cumplir con las nuevas disposiciones más estrictas, mientras que las autoridades argelinas pueden negar arbitrariamente el registro.
Además, la ordenanza de 2006 impone disposiciones penales rigurosas relativas al apostolado, ya que está prohibido "convertir a un musulmán a otra religión" o incluso "sacudir la fe de un musulmán" (artículo 11). Así, concretamente, quien “fabrica, almacena o distribuye documentos impresos cristianos o películas audiovisuales” puede ser castigado con una pena de prisión de dos a cinco años, lo que imposibilita la existencia de una librería cristiana. Por último, los argelinos cristianos también sufren la falta de libertad de expresión, ya que sus comentarios pueden asimilarse fácilmente a la blasfemia, que está fuertemente castigada penalmente (artículo 144 bis 2 del Código Penal argelino).
Las leyes argelinas son una farsa. Las autoridades argelinas no sólo cierran y sellan iglesias, sino que además persiguen a los responsables si sus comunidades no dejan de reunirse. Aún peor que el propio marco legal, su aplicación abusiva socava tanto la libertad de asociación y reunión de los cristianos argelinos como, en última instancia, su libertad de religión. Por tanto, Argelia debe respetar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos; y Francia y la Unión Europea, con los medios a su disposición, deberían garantizarlo. Los cristianos argelinos no constituyen una amenaza para el país, sino al contrario una fuente de paz.
