El Gobierno húngaro defendió el miércoles 31 de enero su sistema penitenciario, calificado de "conforme a las normas de la UE", tras la indignación suscitada por el caso de una italiana juzgada por haber agredido a neonazis en Budapest. Las imágenes de Ilaria Salis, de 39 años, con las manos esposadas y los pies atados cuando compareció ante el tribunal el lunes, ocuparon las portadas de los principales periódicos italianos el martes y provocaron protestas en Roma.
“Ciertamente, fue inmovilizada en la sala del tribunal y sí, pasó 11 meses detenida. ¿Pero podemos hablar de condiciones “inhumanas”? No, en realidad no”, reaccionó en X (ex-Twitter) el portavoz del gobierno húngaro, Zoltan Kovacs, asegurando que cumplían “las normas de la UE”. “Las infracciones en cuestión son graves (...) y las medidas adecuadas”, añadió.
El asunto provocó una reacción al más alto nivel del Estado: la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, telefoneó a su homólogo Viktor Orban y el embajador húngaro fue convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores para explicar este trato considerado “inapropiado”.
El padre de la reclusa, Roberto Salis, que lleva meses haciendo campaña para que el gobierno italiano intervenga, visitó el miércoles la prisión donde se encuentra recluida. Según él, su hija fue tratada en el tribunal "como un animal" y sufrió condiciones "inhumanas" en su celda de una unidad de alta seguridad infestada de ratas y donde carecía de alimentos y productos de higiene.
Semejantes acusaciones son “puras mentiras”, reaccionó la administración penitenciaria después de organizar para la prensa una visita a la sala donde se encuentra encarcelado el ciudadano italiano junto con otras siete personas. "Por supuesto, una prisión no ofrece los servicios de un hotel de varias estrellas", pero los presos reciben tres comidas al día y atención médica adecuada, afirmó el director Mihaly Kovacs, citado por la agencia MTI.
Ilaria Salis, profesora de Monza, cerca de Milán, fue detenida en Budapest en febrero de 2023 tras una manifestación contra una reunión de neonazis. Está acusada de intento de agresión y de formar parte de una organización de extrema izquierda, y su próxima audiencia de juicio está prevista para el 24 de mayo. Ella niega las acusaciones, que podrían resultar en una sentencia de 11 años de prisión.
"Hungría ha sido señalada muchas veces" a nivel nacional y europeo "por sus malas condiciones de reclusión", recordó el martes a la AFP György Magyar, abogado de Ilaria Salis. También es una práctica común llevar a los detenidos encadenados ante los tribunales. Según un reciente informe de Eurostat, el país centroeuropeo es, junto con Polonia, el país de la Unión Europea (UE) con proporcionalmente mayor número de presos: 191 por 100.000 habitantes, frente a 106 de media.
