La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el viernes (5 de enero) restablecer temporalmente una prohibición casi total del aborto en el estado de Idaho en espera de que se considere una apelación contra la medida. Para abril está prevista una audiencia ante el máximo tribunal estadounidense -que anuló la garantía constitucional del derecho al aborto en junio de 2022-.
La administración Biden presentó una demanda contra el estado de Idaho, argumentando que la ley entra en conflicto con una ley federal que exige que los hospitales que reciben fondos federales brinden atención de emergencia, incluida la IVG, en casos graves pero no necesariamente fatales.
“La revocación de Roe v. Wade ha permitido que los funcionarios electos republicanos mantengan peligrosas prohibiciones del aborto como esta, que continúan poniendo en peligro la salud de las mujeres, las obligan a viajar a otro estado para recibir atención y hacen que sea más difícil conseguir atención médica, incluso en emergencias”, criticó Joe Biden en un comunicado de prensa el viernes.
Idaho, un estado rural del noroeste del país, tiene algunas de las leyes más restrictivas en materia de interrupción voluntaria del embarazo y sólo permite el procedimiento si existe peligro inminente de muerte para la mujer embarazada. Fuera de este marco, cualquier persona que realice o ayude a realizar un aborto corre el riesgo de recibir hasta cinco años de prisión.
Un juez federal en Boise, capital de Idaho, emitió una orden judicial preliminar en agosto de 2022 que suspendió la ley de ese estado, argumentando que colocaba a los médicos en una posición incómoda. "Nada protege a un médico contra el arresto o el procesamiento penal bajo la ley de Idaho, y un médico que realiza un aborto en Idaho sólo puede evitar la responsabilidad penal estableciendo que 'el aborto era necesario para evitar la muerte de la mujer embarazada'", dice el Ministerio. de Justicia.
Al anular la garantía constitucional del derecho al aborto en 2022, el Tribunal Supremo dejó a los estados americanos en libertad de promulgar su propia legislación en este ámbito.
Recientemente, una mujer de Texas se vio obligada a abandonar el estado sureño para someterse a un aborto de emergencia. Se le negó el procedimiento en Texas, a pesar de que su embarazo planteaba riesgos mortales. Los médicos de Texas condenados por realizar un aborto se enfrentan a hasta 99 años de prisión, multas de hasta 100.000 dólares y la revocación de sus licencias médicas.
