Thibault Mercier es abogado, ensayista y presidente del Círculo Derecho.
¿Estamos asistiendo a un retorno encubierto de las leyes de censura en Francia? La pregunta merece ser formulada, ya que actualmente asistimos a una verdadera inclusión en la lista negra de una obra considerada “transfóbica” por parte del clero político francés.
Fue a mediados de abril cuando se inició el procedimiento de excomunión contra las feministas Marguerite Stern y Dora Moutot tras la publicación de su libro Transmania. En primer lugar, fueron los carteles publicitarios de este trabajo de investigación sobre los “excesos de la ideología transgénero” los que fueron retirados del espacio público por la empresa privada JCDecaux bajo la presión autoritaria de una congregación progresista encabezada por el primer teniente de alcalde de París. “La defensa del principio de igualdad y la lucha contra la discriminación requieren acciones concretas”, afirmó nuestro buen pastor, que parece muy poco interesado en respetar las leyes y la libertad de expresión. ¿Deberíamos recordarle que sólo un juez tiene el poder de ordenar tal retirada? ¿Se atreverá a exigir la quema de libros en el próximo intento que socavará las buenas costumbres de nuestra nueva religión diversa?
Pero nuestros nuevos sacerdotes no deberían quedarse ahí y ahora es Ian Brossat quien pide la prohibición de una conferencia de los dos autores prevista para principios de mes en la Universidad Panthéon-Assas. “Los establecimientos públicos de enseñanza superior no deben servir de plataforma para discursos de odio que distorsionan la realidad y estigmatizan a las personas trans”, escribe en las redes sociales el senador del Partido Comunista Francés y asesor de París, atacando frontalmente la libertad académica de las universidades. El funcionario electo continúa su homilía precisando que “la libertad de expresión nunca debe servir de tapadera al odio grosero o a la discriminación”. Pero, ¿para qué debería utilizarse la libertad de expresión según el padre Brossat? ¿Hablando de lluvia y sol y publicando fotos de gatitos en Internet? Por el contrario, y obviamente, es para la expresión de ideas que “ofenden, escandalizan o preocupan a la opinión pública o a las autoridades públicas” a lo que debe servir esta libertad, como aprende cualquier estudiante de primer año de derecho...
“Odio” y “discriminación”, recita. ¡Estos son los nuevos pecados capitales de nuestro tiempo! Y la sociedad debe ser exorcizada por todos los medios, incluso la censura preventiva, en flagrante contradicción con nuestra ley. El electo, que prefirió la bata de casa a la toga universitaria, se toma la molestia de precisar que estas nociones están "claramente definidas como tales en nuestro Código Penal". ¡Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad! Aunque estas palabras están bien consagradas en nuestras leyes, no se da ninguna definición. El juez tiene entonces un gran poder arbitrario para interpretarlos y se convierte fácilmente en un inquisidor que, sondeando el corazón y los riñones, abandona la caza del crimen en favor de la del pecado. “Odio” y “discriminación” son, pues, las palabras privilegiadas que gustan a estos Bernard Gui de opereta y que se complacen en repetir para anatema a los nuevos herejes y para asombrar a cualquiera que se sienta tentado a defenderlos. Por tanto, es difícil detectar algún argumento racional en la carta publicada por Ian Brossat para presionar a la universidad parisina.
¡Así que ha vuelto la censura! Y aquí ya no se trata de ninguna cuestión de derecho o de juicio. Pero, ¿todavía lo necesitamos en nuestra sociedad donde el gobierno elabora las leyes en lugar del Parlamento y los medios de comunicación reemplazan a los tribunales? ¿Ian Brossat, también miembro del Comité de Derecho del Senado, pretende ignorar nuestra ley? Podemos dudar legítimamente de ello o sólo podemos aconsejarle que frecuenta los bancos de Assas en lugar de intentar amordazarla.
La Universidad, a petición de la prefectura que señaló un riesgo de exceso de los opositores de los dos autores, trasladó la conferencia a un centro secundario y reservó su acceso a un puñado de estudiantes. Por tanto, el llamamiento a la censura dio sus frutos gracias a la complicidad del prefecto y a la pasividad culpable de la administración.
Frente a estos nuevos censores, hay que subrayar que la universidad debe permanecer libre de cualquier presión política, a riesgo de ver nuevas materias prohibidas en el futuro, en detrimento de la búsqueda de la verdad que permite la investigación científica. Además, ¿existe un lugar más propicio para la controversia que una facultad? ¿No hay individuo más adecuado que un estudiante para aportar una mente crítica a una tesis política, sociológica o filosófica?
