Damasco denunció el martes 25 de abril la imposición por parte de la Unión Europea de nuevas sanciones económicas contra personas y entidades sirias, al considerar que afectarían la entrega de ayuda humanitaria al país en guerra.
La UE había sancionado a 25 personas y ocho entidades el lunes. Entre ellos se encuentran primos del presidente Bashar al-Assad, acusados de tráfico de captagon, una droga sintética de la que Siria se ha convertido en exportador mundial.
“La UE renueva sus mentiras al afirmar que las sanciones impuestas a Siria no obstaculizan la entrega de ayuda humanitaria ni la obtención de alimentos o material médico”, señala una nota de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores sirio. “Estas sanciones representan una amenaza real para la vida de los sirios y tienen un impacto negativo en la economía del país”, agregó.
La UE había subrayado que estas sanciones "no tienen por objeto entorpecer la entrega de ayuda humanitaria a ninguna región del país", afectada por el mortífero terremoto del pasado 6 de febrero. Las sanciones europeas consisten en la prohibición de residencia, la congelación de sus activos en la UE y la imposibilidad de beneficiarse de la financiación europea.
Entre los sancionados se encuentran tres primos del presidente sirio, Samer Kamal el-Assad, Wassim Badi el-Assad y Mudar Rifaat el-Assad, y varios líderes, empresarios o miembros de milicias afines al régimen e involucrados en este tráfico estupefacientes Varias empresas de seguridad utilizadas para financiar las milicias también están en el punto de mira, así como a sus líderes.
La UE también sancionó a la empresa rusa de ingeniería y construcción Stroytransgaz ya la firma Gecopham, entidad controlada por el Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales de Siria, acusadas de apoyar al régimen. Tras el terremoto del 6 de febrero, la UE y Estados Unidos suavizaron las sanciones impuestas al gobierno sirio, sancionado por Occidente desde la represión en 2011 del levantamiento popular que degeneró en guerra civil.
