Un decreto, publicado este domingo en el Diario Oficial, detalla el sistema que se aplicará a partir de 2024 para promover el acceso de las mujeres a puestos de decisión en la función pública. El texto es el resultado directo de una ley adoptada este verano en el Parlamento, que exige que determinados empleadores públicos tengan al menos un 40% de mujeres, a partir de 2027, entre las personas que ocupan puestos directivos. La ley también aumenta al 50%, frente al 40% actual, la tasa de personas de cada sexo que deben ser nombradas para un primer puesto de alto nivel o directivo.
Cada año, los empresarios acogidos a la ley deberán publicar antes del 30 de junio el porcentaje de personas de cada género nombradas por primera vez para un puesto directivo el año anterior, y el porcentaje de mujeres entre los altos funcionarios que ya ocupan cargos. Si no lo hacen, el decreto publicado el domingo prevé una sanción financiera fija, denominada “contribución”, de 45.000 euros. El importe de la sanción será únicamente de 25.000 euros para los municipios e intermunicipios que tengan entre 40.000 y 80.000 habitantes.
Las administraciones que no alcancen el 40% (y en última instancia el 50%) de los primeros nombramientos deberán pagar una multa adicional de 90.000 euros por cada nombramiento faltante para alcanzar el objetivo marcado por el Gobierno. En cuanto a los empleadores públicos que tienen menos del 40% de mujeres en puestos directivos, también están expuestos a una multa adicional, cuyo importe deberá fijarse por decreto. El texto publicado en el Diario Oficial también amplía el alcance del sistema a determinados puestos directivos que anteriormente no estaban sujetos al mismo.
Se trata de “trabajos descentralizados dependientes del ministerio responsable de las finanzas públicas y del ministerio responsable de la educación y la investigación nacionales, los puestos de cónsules generales, los asistentes del jefe de misión diplomática y los de inspectores generales », se indica en un informe anexo al decreto. . Las nuevas obligaciones se aplicarán también a “los establecimientos públicos administrativos y los industriales y comerciales adscritos al servicio público del Estado”.
