Dos organizaciones de derechos humanos han denunciado una "máquina de matar" destinada a "infundir miedo" en Irán, donde las ejecuciones judiciales aumentaron un 75% en 2022, con 582 ahorcamientos. A partir de septiembre de 2022, Irán se vio sacudido durante semanas por protestas masivas provocadas por la muerte bajo custodia de la kurda iraní Mahsa Amini, arrestada por violar el estricto código de vestimenta para mujeres del país.
Las autoridades iraníes reprimieron violentamente el movimiento, con cuatro ahorcamientos directamente relacionados con él, lo que provocó condenas en el extranjero. La cifra de al menos 582 ejecuciones es la más alta en la República Islámica desde 2015, después de un total de 333 ejecuciones en 2021, según la ONG Iran Human Rights (IHR) con sede en Noruega y Together Against the Death Penalty (ECPM). con sede en París. La pena de muerte ha sido "una vez más utilizada como herramienta definitiva de intimidación y opresión por parte del régimen iraní para mantener la estabilidad de su poder", afirman estas ONG en un informe conjunto publicado este jueves.
“Para sembrar el miedo entre la población y los jóvenes que protestan, las autoridades han intensificado las ejecuciones de presos condenados por motivos distintos a los políticos”, especifica el director de IHR, Mahmood Amiry Moghaddam. “Para detener la máquina de muerte puesta en marcha por el régimen iraní, la comunidad internacional y la sociedad civil, esté o no presente, deben mostrar activamente su oposición cada vez que una persona es ejecutada en el país”, insiste. El informe también afirma que alrededor de 100 detenidos se encuentran actualmente en el corredor de la muerte o en juicio por cargos capitales.
Según estas mismas fuentes, el número de condenas por casos de narcotráfico ha aumentado considerablemente, mientras que su descenso, ligado a una reforma en 2017 a la ley de narcotráfico, había provocado un descenso significativo de las estadísticas hasta 2021. Más de la mitad de los ejecutados después del inicio de las protestas, y el 44% de las ejecuciones registradas en 2022, estuvieron relacionadas con las drogas. Eso es el doble de las cifras de 2021 y diez veces las de 2020.
Los autores del informe denuncian en este sentido la pasividad de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). “La falta de respuesta de la UNODC y sus países afiliados envía un mensaje equivocado a las autoridades iraníes. La abolición de la pena de muerte por delitos relacionados con el tráfico de drogas debe establecerse como una condición esencial para la futura cooperación entre UNODC e Irán”, dijo el director de ECPM, Raphaël Chenuil-Hazan.
Según el informe, los miembros de la minoría baluchi, principalmente suní, representan el 30% de las ejecuciones, mientras que representan solo entre el 2% y el 6% de la población nacional. Tal desproporción también se observa entre las minorías kurda y árabe. La pena de muerte es “un medio de presión y, más ampliamente, una palanca represiva para manejar los problemas sociales del país”, estima el informe, según el cual 288 ejecuciones, el 49% del total, fueron justificadas por casos de asesinato, la cifra más alta en 15 años. Dos personas, incluida la manifestante Majidreza Rahnavard, fueron ahorcadas en público, según el comunicado. Al menos tres personas ejecutadas eran menores de edad y 16 eran mujeres.
