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La prisión preventiva de un magistrado, una decisión extremadamente rara

La acusación de un magistrado y, más aún, su internamiento en prisión preventiva, como hizo durante la noche del viernes al sábado la jueza Hélène Gerhards en Niza, son decisiones excepcionales.

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La prisión preventiva de un magistrado, una decisión extremadamente rara

La acusación de un magistrado y, más aún, su internamiento en prisión preventiva, como hizo durante la noche del viernes al sábado la jueza Hélène Gerhards en Niza, son decisiones excepcionales. Este encarcelamiento es incluso “extremadamente raro”, según un magistrado occidental.

Según investigaciones realizadas por la AFP e información pública sobre el tema, los jueces han adoptado esta medida para cuatro magistrados judiciales desde el año 2000, en un organismo que contaba con alrededor de 7.000 miembros entonces y 8.500 hoy.

Aquí están los 4 casos identificados:

En 2003, Jean-Louis Voirain, primer adjunto de la fiscalía de Bobigny, fue encarcelado en el llamado caso de corrupción Sentier II. Pasó ocho meses en prisión preventiva antes de ser condenado en apelación en 2011 a tres años de prisión, incluidos veinte meses, y una multa de 30.000 euros.

En 2008, Patrick Keil, entonces fiscal adjunto de Montpellier, pasó tres meses en prisión preventiva, sospechoso de corrupción por haber informado a un dentista de la evolución de un procedimiento que le afectaba a cambio de un pago. Anteriormente conocido por haber dirigido la investigación sobre el caso Festina de dopaje en el ciclismo, fue condenado en 2012 a un año de prisión suspendida. Murió en 2019.

En 2011, el juez de Béthune, Pierre Pichoff, fue encarcelado durante tres meses por corrupción, acusado de haber pagado por decisiones complacientes. Será condenado en apelación en 2018 a cinco años de privación de sus derechos cívicos y civiles.

En 2014, un juez de instrucción de Mayotte, Hakim Karki, fue acusado de violación y encarcelado durante cuatro días. El jueves fue condenado en apelación a diez años de prisión por el tribunal de lo penal de Val-de-Marne.

Para un juez de instrucción, el caso de Hélène Gerhards "dice mucho sobre el peligro que corren los magistrados que trabajan en Córcega", un territorio insular de 340.000 habitantes donde "ha habido numerosos casos de probidad del personal de justicia". “Eso, sumado a las amenazas, no es de extrañar que ya nadie quiera trabajar allí”, afirma.

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