Decepcionado, pero no abatido. La presidenta del Consejo, Giorgia Meloni, admitió que esperaba hacer "mejor" control de la inmigración irregular, que ha aumentado desde la histórica victoria electoral de su partido de extrema derecha hace un año.
"Está claro que esperábamos algo mejor en materia de inmigración después de haber trabajado tan duro", afirmó en una entrevista con la cadena italiana TG1, transmitida el sábado por la noche, con motivo del aniversario de esta victoria. “Los resultados no son los que esperábamos. "Ciertamente es una cuestión muy compleja, pero estoy segura de que llegaremos al fondo del asunto", continuó.
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El partido Fratelli d'Italia de Meloni fue elegido en gran medida gracias a la promesa de reducir la inmigración masiva a Italia. Pero el número de llegadas en pateras desde el norte de África ha aumentado, con más de 130.000 inmigrantes registrados por el Ministerio del Interior en lo que va de año, frente a los 70.000 del mismo período de 2022.
Después de que 8.500 personas llegaran a la pequeña isla de Lampedusa en sólo tres días a principios de este mes, Meloni pidió a la Unión Europea que hiciera más para ayudar a aliviar la presión. Bruselas acordó intensificar sus esfuerzos y anunció esta semana que comenzaría a liberar dinero a Túnez -de donde parten muchos barcos- como parte de un pacto para frenar la migración irregular desde este país.
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Pero el principal socio de coalición de Meloni, el viceprimer ministro Matteo Salvini, del partido antiinmigración Liga, rechazó los esfuerzos de la UE para gestionar la afluencia de llegadas, que calificó de "acto de guerra". La Liga también condenó este fin de semana al gobierno alemán por financiar una ONG que lleva a cabo rescates marítimos en el Mediterráneo, diciendo que representaba una "interferencia muy grave" en los asuntos italianos. El ministro de Defensa, Guido Crosetto, miembro del partido de Meloni, también dijo el domingo al diario La Stampa que se trataba de una decisión "muy grave" que ponía a Italia "en dificultades".
Salvini, que cerró los puertos italianos a los barcos de rescate de migrantes cuando estaba en el gobierno en 2019, está presionando para que se adopte un enfoque más duro. Desde que llegó al poder, el gobierno de Giorgia Meloni ha restringido las actividades de los barcos de rescate, a los que acusa de alentar a los inmigrantes, al tiempo que se ha comprometido a tomar medidas enérgicas contra los contrabandistas.
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También buscó promover la repatriación de inmigrantes que no tienen derecho a asilo, en particular mediante la construcción de nuevos centros de detención y la ampliación de la duración de la detención allí. Un decreto publicado esta semana en el Diario Oficial también prevé que los inmigrantes que esperan una decisión de asilo deberán pagar un depósito de 5.000 euros o correr el riesgo de ser enviados a un centro de detención.
