Una decisión brutal. El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto el jueves 27 de abril amenazando a los ucranianos con la expulsión de los territorios anexados por Moscú. El decreto define los medios para que los ciudadanos de las regiones de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhia obtengan la ciudadanía rusa. Luego, el texto especifica que todos los ucranianos que no hayan obtenido un pasaporte ruso antes del 1 de julio de 2024 serán considerados extranjeros y, por lo tanto, podrán ser expulsados de sus hogares.
Esta medida también afecta a los residentes de Crimea, anexada en 2014. Sin embargo, hasta ahora era posible mantener un pasaporte ucraniano en Crimea. Una escalada que no garantiza a estos nuevos ciudadanos los mismos derechos que los rusos de nacimiento. Los rusos cuya nacionalidad es “adquirida” podrían perderla fácilmente si violaran varias disposiciones del Código Penal, recuerda Le Monde. Una posible disposición desde la aprobación de la "ley de ciudadanía" el 18 de abril.
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Y eso no es todo. El decreto también autoriza la expulsión de estos territorios anexados de personas que presenten una “amenaza para la seguridad nacional”, que “participen en manifestaciones prohibidas”, “apoyen un cambio violento en el orden constitucional” o incluso “financien una actividad extremista o terrorista”. . El Kremlin está reforzando así su control sobre aquellos a los que considera "traidores". El presidente ruso firmó este viernes otro decreto que aumenta las penas de prisión por actos de "alta traición". Ahora serán condenados a cadena perpetua. Los declarados culpables de sabotaje pueden ser condenados a 20 años de prisión frente a los 15 actuales.
