Acto 2: La contraataque. Quince días después de su regreso al frente del Gobierno polaco el pasado mes de diciembre, que puso fin a ocho años de poder en manos de los populistas conservadores del partido Ley y Justicia (PiS), Donald Tusk atacó espectacularmente a los medios públicos polacos a los que acusó de estar a sueldo del gobierno caído. Ahora son los jueces del Tribunal Constitucional polaco los que se están involucrando, considerando que esta reforma de los medios públicos es “ilegal”; la Unión Europea sospecha que estos jueces están bajo la influencia del PiS.
El 27 de diciembre, el nuevo Ministro de Cultura, Bartlomiej Sienkiewicz, anunció el estado de "liquidación" de los medios de comunicación públicos, con el fin de "garantizar el funcionamiento y la reestructuración" de la radio y la televisión públicas y de la agencia de prensa polaca PAP, y "evitar despidos de empleados” de estas empresas.
Esta decisión se produjo tras un enfrentamiento entre el nuevo gobierno liberal y proeuropeo y el presidente polaco Andrzej Duda, miembro del PiS. Mientras que el nuevo Gobierno sustituía, tras su elección, al equipo directivo de los medios de comunicación públicos, el Presidente de la República Polaca decidió vetar la concesión de subvenciones abonadas por el Estado a estos medios.
Esta lucha política e institucional por recuperar el control de la radiodifusión pública y de la agencia de prensa estatal ha movilizado ampliamente a la opinión pública. Mientras los partidarios del PiS protestaban ampliamente contra el reemplazo de los jefes de los medios de comunicación públicos, calificado por el PiS como un “ataque a la libertad de prensa”, algunos diputados de Ley y Justicia incluso ocuparon durante varios días las oficinas de la televisión pública. Mientras tanto, la Comisión Europea apoyó a Donald Tusk, que fue presidente del Consejo Europeo de 2014 a 2019: Bruselas dijo al medio Euractiv que esta reforma de los medios es necesaria desde hace mucho tiempo.
Finalmente, en sentencia dictada este jueves, el Tribunal Constitucional polaco dictaminó que la liquidación de medios públicos era ilegal al considerarla una decisión contraria al artículo 2 de la Constitución polaca, según el cual “la República de Polonia es un Estado democrático de derecho que implementa los principios de justicia social. Para el Tribunal Constitucional, el gobierno no tenía derecho a invocar el derecho comercial para destituir a los consejos directivos de los medios públicos.
A raíz de esta decisión, el Ministro de Cultura declaró inmediatamente que, a los ojos del gobierno, la decisión del juez constitucional no tenía “ningún significado jurídico” y que, por lo tanto, debía ser ignorada.
En realidad, el propio Tribunal Constitucional es percibido por los proeuropeos y opositores del PiS como una instancia bajo la influencia del antiguo poder populista.
A los ojos del gobierno, la presidenta del Tribunal Constitucional, Julia Przyłębska, y algunos de los jueces del Tribunal son políticamente cercanos al PiS, que desde 2015 ha reformado el sistema judicial en varias ocasiones, provocando numerosas e imponentes manifestaciones por parte de de los adversarios del PiS.
La última reforma, adoptada en 2019, fue considerada contraria al derecho europeo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta reforma permitió nombrar un número importante de nuevos magistrados y limitó la posibilidad, para los jueces del país, de cuestionar la imparcialidad de sus colegas.
“Las sentencias y resoluciones […] del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo, relativas a la estructura actual del Tribunal Constitucional […] confirman que no es un tribunal constitucional independiente e imparcial”, alega el Gobierno tras la revés infligido por el Tribunal Constitucional.
Después de los medios de comunicación públicos, Donald Tusk tendrá que atacar a los jueces constitucionales si quiere continuar con su toma del país. Mientras tanto, miles de manifestantes se reunieron el 11 de enero en apoyo al PiS y para protestar contra las reformas de la nueva administración liberal y proeuropea.
Esta crisis política llegó incluso a la antesala del palacio presidencial: el 9 de enero, los ex ministros Mariusz Kamiński y Maciej Wąsik fueron arrestados violentamente en los terrenos del palacio en Varsovia, mientras el presidente Andrzej Duda intentaba protegerlos de la justicia. Ambos fueron indultados por Duda cuando llegó al poder, pero un tribunal finalmente dictaminó que el indulto presidencial era ilegal, alegando que fue concedido antes de que se pronunciara el veredicto final. El juez ordenó su arresto a pesar de la intervención del presidente.
