"Nadie quiere salir de su casa", afirma Amnistía Internacional en un informe publicado el martes en su sitio web. Estas palabras son las de una residente de Angkor, que vive desde hace más de 70 años en este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y obligada a abandonar su hogar por las autoridades camboyanas en nombre de la “conservación”. Los aproximadamente 400 kilómetros cuadrados del sitio protegido de Angkor, clasificado como patrimonio mundial de la UNESCO desde 1992, albergan a casi 120.000 personas (en 2013, según cifras de la AFP). Hoy en día, los templos de Angkor están amenazados por el turismo de masas, pero también por la presión que los habitantes ejercen sobre el medio ambiente, ya sea por la gestión de residuos o por el uso cada vez mayor del agua.
Para su informe, Amnistía entrevistó a 100 residentes de los templos de Angkor sobre prácticas cuestionables de la policía camboyana. Las conclusiones de la organización son claras: "Las autoridades camboyanas han desarraigado cruelmente a familias que habían vivido en Angkor durante varias generaciones, obligándolas a vivir día a día en lugares mal equipados". Los testimonios recogidos por Amnistía muestran una política de presión llevada a cabo por las autoridades camboyanas que no dejan a los habitantes otra opción que “abandonar o unirse al programa de reasentamiento”.
“Dijeron que no era obligatorio, pero que si no nos íbamos, perderíamos nuestras tierras... Así que nos ofrecimos como voluntarios”, explicó un residente a los investigadores de Amnistía Internacional.
Por lo tanto, la ONG optó por desafiar directamente a la organización dependiente de las Naciones Unidas, pidiéndole que actúe. “Si la UNESCO está decidida a situar los derechos humanos en el centro de todas sus acciones, debe condenar firmemente los desalojos forzosos como instrumento de gestión de un sitio del patrimonio mundial y utilizar su influencia para exigir que el gobierno camboyano les ponga fin y presionar para que se lleve a cabo una investigación pública e independiente”, escribe Amnistía.
El miércoles, un día después de la publicación de la investigación de Amnistía, la UNESCO publicó una respuesta. La organización de conservación del patrimonio se declara "profundamente preocupada por las acusaciones contenidas en el informe de Amnistía Internacional" y niega cualquier implicación en "el programa de desplazamiento de poblaciones en Angkor llevado a cabo por las autoridades camboyanas".
En su comunicado de prensa, la UNESCO pide a las autoridades camboyanas que tomen medidas inmediatas para respetar los derechos de los residentes y “no llevar a cabo desalojos forzosos en Angkor”. Finalmente, la organización anuncia que ha adelantado los plazos para el nuevo informe nacional sobre el estado de conservación del sitio de Angkor. Este nuevo informe, previsto para el 1 de febrero de 2024, “debe incluir una respuesta a las acusaciones de Amnistía Internacional”, concluye la UNESCO.
