Un exdirector gerente del holding de la familia Benetton, Edizione, admitió el lunes 22 de mayo que ya en 2010, ocho años antes del derrumbe mortal del puente de Génova, el grupo sabía que existía el riesgo de caer, sin sacar las consecuencias.
"Resultó que el puente tenía un defecto de diseño original, lo que provocó que los técnicos se desconcertaran sobre su capacidad para mantenerse en pie", admitió Gianni Mion, escuchado como testigo durante el juicio sobre este drama que se desarrolla en el tribunal de Génova, en el norte de Italia. "Pregunté si había alguien para certificar la seguridad y me dijeron: 'Lo certificaremos nosotros mismos'", dijo Gianni Mion, refiriéndose a una reunión de los líderes de la empresa Autostrade per l'Italia (Aspi), entonces propiedad por los Benetton. “Sin embargo, nadie pensó que el puente se iba a derrumbar y estábamos tranquilos. No dije nada, pero estaba preocupado. No hice nada y es mi gran pesar”, dijo Gianni Mion, citado por las agencias italianas.
El 14 de agosto de 2018, bajo una lluvia torrencial, el puente de la autopista Morandi, un eje esencial para los viajes locales y el tráfico entre Italia y Francia, se derrumbó, arrojando al vacío a decenas de vehículos y sus pasajeros y causando 43 muertos. El testimonio de Gianni Mion despertó la indignación de Egle Possetti, la presidenta del Comité de familiares de las víctimas. “Una persona con su papel no puede callarse, es inaceptable”, comentó. “Solo esperamos que alguien pague y dé el ejemplo para que no haya más situaciones como esta en Italia”, agregó.
“Los coeficientes de riesgo atribuidos a determinadas estructuras eran significativamente inferiores al estado real de la propia infraestructura”, reconoció por su parte otro testigo, Roberto Tomasi, director general de Autostrade desde 2019 y ejecutivo de la empresa desde 2015. Refiriéndose al cargo de la empresa de ingeniería Spea, encargada del mantenimiento, aseguró que “el comportamiento de algunos de sus empleados fue inaceptable. No lo encontramos confiable”, dijo. Si muchos exdirigentes se encuentran en el banquillo, las empresas Autostrade y Spea escaparon al juicio gracias a un acuerdo amistoso concluido con la fiscalía, que prevé el pago de 29 millones de euros al Estado.