Aumento de recursos, reforma del proceso penal, nuevo tribunal de actividades económicas... El proyecto de reforma de la justicia del ministro de Justicia Éric Dupond-Moretti, aprobado en el Senado a mediados de junio, debe ser votado en primera lectura en la Asamblea Nacional este Martes 18 de julio. Actualización de las principales medidas.
El proyecto de ley de orientación y programación de la justicia pretende aumentar el presupuesto del ministerio de 9.600 millones de euros en 2023 a casi 11.000 millones en 2027. Confirma la contratación de 10.000 personas, incluidos 1.500 magistrados y 1.500 secretarios en cinco años.
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A petición de los LR, la Asamblea Nacional añadió un objetivo de 3.000 plazas penitenciarias adicionales al plan de 15.000 plazas previsto por el gobierno para 2027. Si se alcanzara el ambicioso objetivo, Francia tendría alrededor de 78.000 plazas al final del quinquenio. . Actualmente cuenta con 73.699 detenidos para 60.562 plazas operativas, es decir, una densidad penitenciaria global del 121,7%.
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El texto autoriza al gobierno a reescribir por ordenanza el código de procedimiento penal para "aclarar" su redacción. Este código ha pasado de 800 a más de 2.400 artículos desde que entró en vigor en 1959. Un comité de expertos está a cargo de este proyecto, lanzado en enero y que debería durar al menos un año y medio. El ministro ha prometido que el nuevo código no entrará en vigor hasta que no haya sido ratificado por el Parlamento.
En casos de terrorismo, delincuencia y crimen organizado, las cámaras o micrófonos de teléfonos, computadoras y otros dispositivos podrán conectarse a distancia sin el conocimiento de las personas interesadas para captar sonido e imágenes. La activación remota de dispositivos de geolocalización estaría autorizada para delitos sancionados con al menos cinco años de prisión.
La reforma simplifica determinadas normas de procedimiento: registros nocturnos ampliados en materia penal, nuevos derechos para las personas en situación intermedia de testigo asistido, videoconferencia para reconocimiento médico en caso de ampliación de la detención policial.
En nueve a doce jurisdicciones y durante cuatro años, se probarán los “tribunales de actividades económicas”, con facultades ampliadas respecto a los juzgados comerciales, destinados en particular a los agricultores. Se establecerá una “contribución para la justicia económica” en estos nuevos tribunales con el fin de fomentar el recurso a una solución amistosa de la disputa.
El texto establece centros especializados en la lucha contra la violencia intrafamiliar en los tribunales. El Senado ha previsto que estén operativos a más tardar el 1 de enero de 2024.
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El juez de libertades y detención tendrá la posibilidad de reorientarse únicamente en materia penal. A discreción de los tribunales, el presidente del tribunal puede decidir transferir sus poderes civiles - mantener a los extranjeros en situación irregular en detención administrativa, hospitalizaciones forzadas - a otro juez del tribunal judicial.
Para potenciar su atractivo, se reformarán las vías de acceso a la judicatura y se abrirán a nuevos perfiles. La reforma prevé la creación de una nueva función, la de “agregados de justicia”, para ayudar a los magistrados en sus funciones. Funcionarios o trabajadores contratados, sustituirán a los actuales “abogados auxiliares”, con una situación más precaria y sin formación inicial. En el centro penitenciario se podrían reclutar agentes contractuales para "ayudar" a los guardias y paliar así la crisis de reclutamiento.
La Asamblea, por una coalición de oposiciones, rechazó en cambio, en esta etapa, una medida del proyecto de ley que preveía la eliminación de la autorización previa de un juez en el marco del embargo de salarios.
El embargo de salario le permite a una persona, a quien un empleado le debe dinero, obtener el pago de la cantidad que se le debe. El empleador debe destinar parte del salario del trabajador al pago de la deuda.
La reforma preveía reformar el procedimiento previsto con la supresión de la autorización previa del juez de ejecución. Y encomendó la aplicación del embargo a los comisionados de justicia (ex alguaciles), en lugar del registro del tribunal judicial, con control del juez a posteriori. La izquierda había criticado una amenaza a los más vulnerables. El gobierno espera una reintroducción de la medida durante la comisión conjunta entre diputados y senadores.
