La Corte Suprema de Israel anunció el lunes 1 de enero que había invalidado una disposición clave de la muy controvertida reforma judicial impulsada por el gobierno de Benjamín Netanyahu. La medida invalidada preveía retirar al poder judicial el derecho a pronunciarse sobre “la razonabilidad” de las decisiones del gobierno o de la Knesset, el Parlamento israelí. Ocho de los 15 jueces del Tribunal Supremo votaron a favor de invalidar esta medida, indicó el Ministerio de Justicia israelí en un comunicado.
En respuesta, el Ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, acusó a la Corte Suprema de "asumir todos los poderes para sí misma". "De hecho, los jueces (del Tribunal Supremo) toman en sus manos, con esta decisión, todos los poderes que, en un régimen democrático, están distribuidos de manera equilibrada entre los tres poderes", ejecutivo, legislativo y judicial, dijo escribe el ministro en Telegram.
El partido Likud de Benjamín Netanyahu criticó el momento de esta decisión, afirmando que era "lamentable que el Tribunal Supremo haya decidido publicar su veredicto en el centro de un debate social en Israel mientras soldados de derecha e izquierda luchan y arriesgan sus vidas en el campo". "La decisión del Tribunal es contraria al deseo de unidad del pueblo, especialmente en tiempos de guerra", añadió el partido.
Desde el anuncio de la reforma judicial en enero, el proyecto ha sido impugnado en las calles. Estuvo en el origen de uno de los movimientos de movilización popular más importantes de la historia de Israel. Según el Gobierno de coalición que reúne a partidos de derecha y de extrema derecha y a grupos judíos ultraortodoxos, esta reforma pretende corregir un desequilibrio reforzando el poder de los cargos electos sobre el de los magistrados.
Israel no tiene Constitución, ni el equivalente a una cámara alta del Parlamento, y la doctrina de la "razonabilidad" se ha utilizado precisamente para permitir a los jueces determinar si un gobierno se está extralimitando en sus prerrogativas.
En enero de 2023, el Tribunal Supremo invalidó el nombramiento de Arié Deri, amigo íntimo de Benjamín Netanyahu, como ministro del Interior, argumentando que había sido condenado por evasión fiscal y, por tanto, no era "razonable" ocupar un puesto en el gobierno.
Los críticos de la reforma acusan a Benjamín Netanyahu, procesado por corrupción, de querer utilizar esta reforma para suavizar una posible sentencia en su contra, lo que él niega. El Tribunal Supremo también dictaminó que tenía autoridad para invalidar una ley básica "en casos raros y excepcionales en los que el Parlamento se excede en su autoridad". Las Leyes Básicas sirven como Constitución en Israel.
