Etiopía declaró el sábado ante la ONU que quería una aplicación más rápida de las medidas previstas en el acuerdo de paz de Tigray, en particular el desarme de los antiguos rebeldes.
El Gobierno federal etíope y el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), el partido de las autoridades de esta región del norte del país que se había rebelado, firmaron en noviembre de 2022 un “Acuerdo de cese de hostilidades” que pone fin a dos años de guerra.
“La implementación del acuerdo continúa logrando avances significativos, a pesar de ciertos retrasos en la ejecución del proceso de desarme, desmovilización y reintegración”, dijo el sábado el viceprimer ministro Demeke Mekonnen en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
"Debemos acelerar este proceso y garantizar que se complete con éxito", afirmó.
El TPLF, antiguo partido hegemónico en Etiopía, aceptó el desarme como parte del acuerdo alcanzado en Pretoria, a medida que avanzaban las fuerzas gubernamentales.
Según la misión de la Unión Africana encargada de seguir el acuerdo (AU-MVCM), el TPLF inició su desarme a mediados de enero con la entrega de armamento pesado. El proceso ha continuado, pero su alcance sigue sin estar claro.
El gobierno del primer ministro Abiy Ahmed, que enfrenta fuertes críticas, incluso de Estados Unidos, por un conflicto que según Washington ha sido escenario de violaciones de derechos humanos, sigue “comprometido a consolidar la paz y la estabilidad en todo el país”, dijo Demeke Mekonnen.
El acuerdo, concertado en Sudáfrica bajo los auspicios de la Unión Africana, "es una encarnación práctica de las soluciones africanas a los problemas africanos", subrayó.
Los esfuerzos se ven complicados por las milicias de la vecina región de Amhara, que todavía controlan el oeste de Tigray.
El acuerdo de Pretoria pedía la retirada de las fuerzas extranjeras, pero los lugareños dicen que las tropas de la vecina Eritrea todavía están presentes y han sido acusadas de las peores atrocidades después de intervenir contra el TPLF.
