Francia "cuestiona las declaraciones que considera excesivas" e "infundadas" de un comité de expertos de la ONU que había criticado duramente el viernes la gestión policial de los disturbios que sacudieron Francia. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (Cerd) de la ONU había adoptado con urgencia una declaración denunciando “el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía”. También pidió a París "que adopte una legislación que defina y prohíba la elaboración de perfiles raciales".
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El sábado, el Ministerio de Asuntos Exteriores respondió con contundencia que "cualquier medida de elaboración de perfiles étnicos por parte de la policía (estaba) prohibida en Francia", asegurando que "se había intensificado la lucha contra los excesos de los llamados controles de facies". "Cualquier conducta discriminatoria denunciada es objeto de seguimiento y, cuando se compruebe, sanción administrativa o judicial", añade el texto, que argumenta que el policía que disparó el tiro mortal que desencadenó los disturbios "fue puesto a disposición judicial de inmediato y se le acusa de homicidio doloso”.
Según el Quai d'Orsay, "las fuerzas del orden en Francia están sujetas a un nivel de control interno, externo y judicial como pocos países conocen". Francia invita al Cerd "a mostrar más discernimiento y moderación en sus declaraciones, de las que lamenta el carácter parcial y aproximado". Expresa su "incomprensión ante la falta de solidaridad y compasión con respecto a los funcionarios electos o representantes de las instituciones francesas que han sido objeto de ataques (...) así como con respecto a los 800 policías, gendarmes y bomberos heridos”. La muerte del joven Nahel, asesinado por un policía durante un control de tránsito, desató noches de disturbios en todo el país. La violencia urbana que siguió, sin precedentes desde 2005, arrojó una dura luz sobre los males de la sociedad francesa, desde las dificultades de los barrios obreros hasta las tormentosas relaciones entre los jóvenes y la policía.
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Cerd dijo que estaba profundamente preocupado por "la práctica persistente de la elaboración de perfiles raciales combinada con el uso excesivo de la fuerza en la aplicación de la ley, en particular por parte de la policía, contra miembros de grupos minoritarios, incluidas personas de origen africano y árabe". En su comunicado de prensa, Francia recuerda “que es un Estado de derecho, respetuoso de sus obligaciones internacionales y en particular de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial”. “La lucha contra el racismo y todas las formas de discriminación es una prioridad política”, dice el ministerio.
